Días después de las elecciones intermedias del 2009 en México, se dio a conocer una verdad indiscutible y por demás lamentable: el avance de la desigualdad social y la creciente pobreza en el país. Para ello, dos importantes documentos hicieron patente estas realidades: por un lado la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares y, por el otro, la medición más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

A mediados de julio pasado se dio a conocer a través de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) que el leve avance en materia de distribución equitativa de la riqueza en el 2006 se anuló por completo en el 2008. Las cifras son preocupantes: si hace tres años el 60% de la población más pobre poseía el 27.6% de los ingresos totales del país, porcentaje que disminuyó tan sólo un poco más de un punto porcentual en el 2008 (26.7%), por el contrario, el 10% de los mexicanos más ricos concentraron el 35.7% de los ingresos en 2006, cifra que aumentó a 36.3% el año pasado; es decir, avanzó la desigualdad, se afectó al grupo más pobre del país por la reducción de su ingreso monetario y se aumentó la concentración de la riqueza a favor de la población más rica. Con ello, nos esperamos además un escenario nada grato para el 2010 ya que las remesas que representan el 25% de los ingresos totales de los hogares más pobres sufrirán una caída debido al desempleo que ya padecen aquellos mexicanos que viven en el exterior.

Además, la Encuesta nos muestra que las fuertes alzas reportadas entre 2006 y 2008 en los precios de los alimentos así como de los combustibles, redujeron considerablemente la calidad de vida de la población mexicana, ya que las familias destinaron una mayor proporción de su ingreso (34% a comparación del 30% en el 2006) a cubrir estas necesidades básicas, en detrimento de otros satisfactores necesarios como es la educación.

Pero la historia no termina ahí. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) expresó en su más reciente reporte que la cifra de pobres en México aumentó seis millones en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con el reporte, en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) la pobreza de patrimonio disminuyó de 53.6% a 42.6%, mientras que la pobreza alimentaria pasó de 24.1% a 13.8%. Sin embargo, en los dos primeros años de la actual administración las cifras crecieron aún más: los pobres de patrimonio aumentaron de 42.6% a 47.4% y los que no tenían ni para comer, de 13.8% a 18.2%. Es decir, que los 44.7 millones de mexicanos que no tenían los ingresos suficientes para satisfacer necesidades básicas como la salud, la alimentación, la vivienda, el vestido, el transporte y la educación en 2006, se convirtieron en 50.5 millones en 2008.

El reporte específica además que cada uno de los 50.5 millones de pobres de patrimonio que había el año pasado tenía un ingreso mensual inferior a mil 905 pesos en áreas urbanas y menor a mil 282 pesos en zonas rurales. De los pobres alimentarios, la mayor parte, 12.2 millones, vive en zonas rurales con un ingreso mensual per cápita menor a 707 pesos, y el resto —7.2 millones— vive en ciudades con ingresos de 949 pesos. Según el Coneval, cualquier ingreso inferior a esa cantidad se considera insuficiente para adquirir una mínima canasta alimentaria, aun si se destinaran todos los ingresos nada más a ese propósito.

Ante todas estas cifras monumentales de pobreza y ante toda esta exposición que da muestra de la ineficiencia de la actual administración en el rubro económico-social, cabría preguntarnos si realmente valdría la pena conservar el mismo programa social de los gobiernos panistas (Oportunidades), el cual además de “atender” a cinco millones de familias, no tiene planeado en un futuro próximo aumentar el padrón de los beneficiarios.

Así pues, resulta urgente que los diputados que conformarán la nueva legislatura, lleven consigo criterios de obligatoriedad moral en la elaboración de leyes con la finalidad de formalizar, desde su postura como “hacedores de la ley”, las condiciones favorables para la satisfacción de necesidades o derechos básicos, como es el de brindar asistencia a las poblaciones que se hallan por debajo de la línea de la pobreza, y así exhortar al Estado el compromiso de realizar políticas sociales en las regiones más pobres, incrementando, por ejemplo, los esfuerzos para combatir el rezago educativo.

La reducción de la pobreza en México no sólo será provechoso para los pobres, sino para todos en general. Aquellos círculos viciosos que genera la pobreza (delincuencia, desnutrición, mortandad infantil) podrán transformarse en virtuosos sólo si se hace efectiva la voluntad política más allá de la partidista.

La finalidad de todos los derechos fundamentales sin excepción es única: profundizar y potenciar la libertad de los individuos y de los grupos que éstos integran. No hay derechos de libertad y derechos de igualdad. Todos los derechos son derechos de libertad, incluidos los derechos que aportan un componente igualitario, como los económicos, sociales y culturales, porque ese componente potencia y refuerza la libertad para todos.

.