El próximo 20 de Enero a las 10 de la mañana, en el auditorio “Raúl Ramos Tercero” de la Secretaría de Economía, se llevará a cabo lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a denominado “consulta pública” a fin de dar a conocer información oficial acerca del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA por sus siglas en inglés).
Lo anterior probablemente no tenga nada de extraño y por el contrario parecería que se responde de manera efectiva a la creciente exigencia de transparencia y rendición de cuentas de los ciudadanos.
Sin embargo no es así, explico; la convocatoria fue hecha a través del portal del IMPI, el primer requisito era llenar un formato de registro con datos como nombre, dirección, teléfono y lugar de trabajo. El segundo es estar de acuerdo con la firma de un NDA o acuerdo de confidencialidad y no divulgación.

Un tratado de esta naturaleza, se sujeta a la “Ley sobre la aprobación de tratados en materia económica” disposición legal que obliga a los promotores de dichos acuerdos a la transparencia, así como a los ciudadanos de ser informados de todo lo concerniente a éstos a través del Senado de la República. Existe pues una contradicción de principios entre una denominada “consulta pública” y la secrecía con que debe hacerse.
El argumento que ha esgrimido el IMPI tiene que ver con la seguridad nacional que implica la información que será dada a conocer (con base en el artículo 13 de la ley de transparencia y acceso a la información pública), ¿un acuerdo comercial atenta contra la seguridad nacional?. Hace unos días en Washington D.C hubo un interesante debate al respecto y el abogado que defiende el tratado Steve Metalist, aseguraba que se trata de un “tratado ejecutivo que no cambia las leyes Estadounidenses”, entonces si no es eso ¿por qué el misterio?
En ese sentido Jamie Love de KEI asegura que la única razón por la que ha reinado la opacidad es porque, “al ser promovido por la industria del entretenimiento, ellos mismos están avergonzados del documento y no quieren salir y discutirlo ampliamente dado que saben que la reacción de la opinión pública será contraria a sus intereses”.
En el supuesto de que la afirmación de Love fuera cierta ¿no estaría México perdiendo su soberanía al responder a los intereses de la industria extranjera? ¿Una consulta pública no debería tener como objetivo principal que la mayoría de la población estuviera al tanto de un tratado comercial que negocia el Estado Mexicano y que a partir de dicha información pudiera generarse un amplio debate público?