Cuando un niño padece problemas de diabetes, hipertensión, arritmia, o cualquier otra enfermedad asociada al a obesidad, hay quien sólo quiere responsabilizar a los padres de familia o tutores de tal condición; pero cuando hablamos de millones de niños obesos, es claro que existe una sociedad indolente y un Estado irresponsable,
Frente al escenario que nos coloca como el segundo país más obeso del mundo, sólo detrás de los Estados Unidos y el primero en obesidad infantil llama la atención ¿qué están haciendo nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos? La verdad es que muy poco o casi nada.
Las posibilidades de acción son muchas y amplias, pero existe un ámbito en el que deberíamos estar haciendo TODO lo que esté a nuestro alcance: la protección de los infantes. De acuerdo con datos oficiales, 1 de cada 4 niños en edad escolar padece de obesidad, esto significa que existen en este momento 5 millones de niños obesos el país, población equivalente a la de población total de países como Costa Rica o Nicaragua.
En el pasado, las secretarías de Salud y de Educación Pública han impulsado acciones muy débiles en este rubro, al tiempo que la industria alimenticia se regocija de nuestra fragilidad institucional y disfruta de sus millonarias utilidades. Dos tristes ejemplos de esto son el Código PABI, mediante el que supuestamente la industria se iba a autorregular en materia de publicidad dirigida a niños (nada más lejos de ello) y los convenios que firmó la SEP en el primer trienio del Presidente Calderón con empresas como Coca-Cola y PepsiCo, que derivaron en un oligopolio en las cooperativas escolares que, según investigadores del Instituto de Nacional de Salud Pública, generan utilidades que rebasan los 2 mil millones de dólares anuales.
El problema no sólo se traduce en que 1 de cada 4 entre 5 y 11 años sean obesos, o en que 8 de cada 10 niños obesos llegarán a ser adultos enfermos. Está comprobado que la obesidad como patología incide en la integración social del infante, lo que puede llevarle a problemas afines como la depresión, la ansiedad o el bajo rendimiento escolar. Sin ser determinante, es factible que los menores obesos enfrenten más problemas para su vida cotidiana, incluso hasta colocarse en una situación de franca vulnerabilidad para la educación, el trabajo, las relaciones personales, etcétera.
Como una consecuencia de la obesidad, la muerte prematura generada por sus enfermedades asociadas implicará que el costo social será mayor para sostener financieramente el sistema de salud, en una ruta donde no se descarta la afectación social y económica para una sociedad y un gobierno corrompidos por la omisión y la acusación mutua.
Es momento de actuar, el Gobierno Federal hoy tiene ante sí la posibilidad de iniciar esa transformación de fondo que el país necesita en materia de salud pública o bien quedar en deuda con una generación entera de mexicanos que reprocharán por siempre su inacción y negligencia.