Todo es un barullo de rumores, dichos, dimes y diretes en los que la principal queja es la falta de información veraz debido al hermetismo que los directivos y presidentes de las instancias culturales han optado por mantener, hasta saber a ciencia cierta dónde van a estar los recortes. Esto se revelará, hasta donde se sabe, el jueves próximo, día en que las Secretarías afectadas entregarán las resoluciones a la Cámara de Diputados, para que en 15 días más se llegue a una conclusión.

El problema es que, aunque todos sabemos que el recorte es una necesidad del país y nadie cree que se echará marcha atrás, la comunidad teme principalmente por las decisiones que tomará Hacienda. Se cree que éstas estarán basadas en la incomprensión y desconocimiento de las labores de cada dependencia, asumiendo que la mínima fuerza de trabajo puede ser suficiente para continuar operando museos, institutos y demás instancias culturales.

Los museos llevan años realizando labores encomiables con presupuestos ridículos y, aún así, han aprendido a sobrellevar la situación y desempeñarse exitosamente (o hasta donde se ha podido). Si los recortes son inminentes, se deben hacer con cautela e implementar nuevos sistemas que permitan, no sólo subsistir, sino proponer y proyectar.

Los rumores y la falta de respuestas por partes de las autoridades han generado que el gremio se una y pretenda resistir lo arbitrario. Esto no significa que se estén conformando fuerzas de protesta o guerrillas. Lo único que el gremio quiere es que se le mantenga informado y que, por medio dela conciliación, se encuentre una solución más conveniente para la distribución de los presupuestos.

El problema es que nadie ha respondido.

Se rumora que a los directores de los museos, instancias culturales y dependencias en general, se les alentó a guardar silencio, a no hablar con absolutamente nadie, ni con la prensa ni con sus cuates, ofreciéndoles a cambio una “revisión individual” a la situación de cada espacio. El asunto es que, dicen los que saben, la petición venía acompañada de una amenaza a sus fuentes de trabajo. Esto sólo produce más incomodidad porque, aunque ellos son los que están directamente en la trinchera, defendiendo a sus equipos, hay quienes piensan que algunos prefieren defender su empleo y su sueldo, en vez de sacar la cara por el personal a su cargo. La comunicación recíproca probablemente aclararía estas dudas, entre muchísimas otras.

Por otra parte, a partir de que la curadora Ana Elena Mallet alzó la voz, el poco ruido que se ha llegado a generar ha provocado que, ante la falta de documentos oficiales sobre cancelaciones de exposiciones y otros recortes, la directora de INBA, Teresa Vicencio, en su veintiúnica declaración sobre el tema, sembrara la idea de que no existían cancelaciones (cabe decir que sí dijo “aún”). Dijo además que la gente sobrereaccionaba, que era alarmista y que todo seguía en pie (¿la curadora perdió la razón, tal vez lo soñó?). La realidad es que los documentos oficiales tardan en ser procesados y, si se esfuerzan, pueden tardar aún más en llegar a la luz pública.

Hay muchas preguntas que requieren respuesta, hay temas a discutir y partidas presupuestales a revisar, por lo que exhorto las autoridades competentes, a todos aquellos que posean información, a no rechazar la comunicación, a no promover el decreto y la imposición. La comunidad cultural pide retroalimentación, pide no ser ignorada en la toma de decisiones. Finalmente, nadie sabe más del trabajo en la cultura que los que la trabajamos. No olvidemos que la cultura es un derecho constitucional y pedimos la posibilidad de ejercerlo.

(Artículo 4 de la Constitución Poítica de los Estados Unidos Mexicanos dice: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”)